La prescripción de delitos económicos en España es un proceso legal que extingue la responsabilidad criminal si no se persigue al infractor dentro de los plazos estipulados por ley. Los delitos económicos incluyen actividades como fraudes, evasión fiscal y blanqueo de capitales.
El Código Penal español establece diferentes plazos de prescripción para los delitos, variando desde 1 año para delitos leves hasta 20 años dependiendo de la gravedad y la pena impuesta. Para delitos con penas compuestas o en casos de concurrencia de delitos, se aplica el plazo correspondiente al delito más grave.
A pesar de las dificultades para delimitar exactamente qué constituye un delito económico, estos se pueden clasificar en distintos grupos.
Los delitos de estafa y apropiación indebida, por ejemplo, tienen plazos de prescripción que varían entre 1 y 10 años, dependiendo de la gravedad y las circunstancias específicas del delito. Delitos como la falsedad documental y operaciones fraudulentas en el ámbito de una sociedad mercantil también tienen plazos específicos, generalmente alrededor de 5 años.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, como la defraudación de impuestos o de cuotas de seguridad social, generalmente prescriben en 5 años, pero pueden llegar a 10 años en situaciones agravadas por circunstancias específicas del artículo 305 bis del Código Penal.
Los delitos de receptación y blanqueo de capitales tienen plazos de prescripción que pueden llegar hasta los 10 años, dependiendo de la severidad del acto y de las penas asociadas.
Finalmente, los delitos contra la Administración Pública, incluyendo cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, presentan una gama amplia de plazos de prescripción que pueden ir desde 5 hasta 15 años, según la gravedad del delito y las penas impuestas.
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