La extradición es un procedimiento mediante el cual un Estado entrega a otro a una persona acusada o condenada por un delito. Este procedimiento tiene como objetivo la cooperación entre los Estados para el cumplimiento de la justicia, garantizando que los presuntos delincuentes sean juzgados o cumplan sus condenas en el país donde se cometieron los delitos.

La extradición en España está regulada por la Ley de Extradición Pasiva de 1985, por los tratados internacionales suscritos por España y por las normas de Derecho interno.

La extradición sólo se concederá por delitos que estén tipificados como tales en ambos Estados. En general, no se concede la extradición por delitos políticos. España tiene acuerdos de extradición con la mayoría de los países del mundo, incluidos todos los países de la Unión Europea.

Los delitos extraditables son los siguientes:

• Delitos comunes, como el homicidio, el robo, la violación, etc.
• Delitos contra la administración de justicia, como la falsificación de documentos, la suplantación de identidad, etc.
• Delitos contra la seguridad del Estado, como el terrorismo, el narcotráfico, etc.

El procedimiento de extradición se inicia con la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente al Estado requerido. La solicitud debe contener información sobre la persona reclamada, los delitos por los que se le reclama y la pena que se le impone.

El Estado requerido debe decidir sobre la solicitud de extradición en un plazo de 60 días. La decisión puede ser favorable o desfavorable. Además de los requisitos mencionados anteriormente, la extradición también puede verse afectada por otros factores, como la nacionalidad, la edad o la salud de la persona reclamada.

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