Una demanda de ejecución de sentencia es un documento legal presentado por el acreedor o la parte beneficiaria de una sentencia que busca hacer cumplir lo ordenado por el tribunal. Se utilizan, por lo tanto, para asegurar el cumplimiento de decisiones que involucran obligaciones dinerarias o no dinerarias.

La económica o dineraria se refiere a situaciones en las que la sentencia establece una obligación de pago de una suma de dinero, y busca obtener el cobro efectivo de dicha cantidad a través de diferentes medidas legales, como embargos de bienes o salarios.

La no dineraria no implica una obligación de pago de una cantidad específica de dinero, sino el cumplimiento de una acción o la entrega de un bien determinado. Aquí, se busca asegurar que la parte condenada cumpla con lo estipulado por el tribunal.

El demandado tiene 20 días para cumplir lo establecido en la sentencia. En caso de no hacerlo, el demandante tiene la posibilidad de dar inicio a la vía ejecutoria para que se haga efectiva. En este caso, los plazos pueden variar en función de la complejidad de la ejecución y de los recursos necesarios para llevarla a cabo, motivo por el que se suelen incluir los intereses por mora.

Este proceso es algo bastante más habitual de lo que parece dentro del ámbito civil. Ya sea en casos dinerarios o no dinerarios, estas demandas buscan hacer valer los derechos de las partes involucradas y garantizar que se cumplan las resoluciones emitidas por los tribunales. La intervención de un abogado especializado y de un procurador, que procederán con la demanda de ejecución de sentencia, garantizan el éxito en su cumplimiento.

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