Hoy presentamos un tema que cada vez es más frecuente, pues tras una inspección, la Agencia Tributaria remite las actuaciones a la Fiscalía para que presente una querella por delito fiscal contra el contribuyente. Las consecuencias sobre la libertad personal del afectado son enormes, ya que el artículo 305 del Código Penal establece penas de prisión de entre 1 y 5 años por cada ejercicio fiscal en el que se haya detectado el presunto fraude fiscal. Por eso es fundamental organizar una buena defensa penal. Asesórate por un abogado especialista en delitos penales, asesoráte con Alonso y Asociados Abogados.